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- Los fondos de inversión tienen que ser altamente selectivos, pues hay una responsabilidad frente a terceros: Óscar de Buen, AINDA Energía & Infraestructura
Ciudad de México, a 16 de junio de 2025.- Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) encuentran en los proyectos de infraestructura y energía una opción atractiva de inversión a largo plazo, no obstante, debe tratarse de proyectos sólidos, bien justificados, con riesgos medibles y mecanismos adecuados de gestión, aseguró Óscar de Buen Richkarday, co-presidente ejecutivo de AINDA Energía & Infraestructura, un fondo de capital privado especializado en inversiones en proyectos de energía e infraestructura, en la conferencia titulada “Ahorro para el retiro y desarrollo de proyectos de infraestructura y energía”, en el “Diálogo con ingenieros” realizado este lunes en el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).
Mauricio Jessurun, presidente del XL Consejo Directivo del CICM, señaló que, los Fondos de Ahorro para el Retiro representan una de las principales fuentes de ahorro interno de largo plazo; fomentan la estabilidad macroeconómica; reducen la presión sobre los programas asistenciales; dinamizan los mercados financieros y, en especial, contribuyen al financiamiento de proyectos de infraestructura y energía, es decir, al desarrollo económico y social de México. Sin embargo, puntualizó que es indispensable contar con proyectos bien estructurados, con certidumbre legal, viabilidad técnica y rentabilidad social, con capacidad de atraer la inversión institucional.
Óscar de Buen explicó que México tiene grandes necesidades y oportunidades de inversión en infraestructura y energía, como generación eléctrica; transporte y almacenamiento de gas y petróleo; abastecimiento y tratamiento de agua; transporte y logística. “Los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los requerimientos, además de que los modelos tradicionales de obra pública y asociaciones público-privadas enfrentan dificultades. Es por esta limitada capacidad del gobierno para financiar y estructurar proyectos de infraestructura con inversión propia, que la participación de la iniciativa privada es indispensable”, agregó el invitado.
De Buen explicó que las Afores administran los ahorros de los trabajadores a través de las Siefores, mediante estrategias de inversión diversificadas. Actualmente, el 49.7% de estos recursos se destina a instrumentos de deuda emitidos por el gobierno federal. Por su parte, el 8.6% se invierte en instrumentos estructurados, que incluyen proyectos de infraestructura, energía y bienes raíces. Este porcentaje, cuyo límite actual es del 20%, podría incrementarse hasta un 30% con la próxima actualización de la Circular Única Financiera (CUF) que emitirá la Consar, anticipó.
De Buen explicó que los instrumentos estructurados permiten a los fondos de capital privado —ya sean Afores u otros— invertir en proyectos de infraestructura y energía, tanto en nuevos desarrollos (“greenfields”) como en activos ya operativos (“brownfields”). Estos fondos buscan proyectos con riesgos moderados y una rentabilidad razonable.
Detalló que este tipo de inversiones suele tener un ciclo de entre 10 y 15 años, dividido en tres etapas: una primera fase de inversión, que dura de uno a tres años; una segunda etapa de administración, de aproximadamente siete años, enfocada en agregar valor y optimizar el activo; y finalmente, una fase de desinversión, entre los años 8 y 10, donde se materializan los rendimientos de la inversión.
Es por ello —enfatizó De Buen, también miembro del Colegio—, este tipo de fondos de inversión se especializa en identificar oportunidades únicas, analizarlas a fondo y estructurarlas conforme a las mejores prácticas del mercado. Se trata de inversiones altamente selectivas, donde no hay margen de error, ya que implican una responsabilidad frente a terceros.
El especialista recomendó a los promotores asegurar que los proyectos estén claramente definidos y bien estructurados, con un análisis sólido y detallado; deben contar con ingresos predecibles y una fuente de pago propia —no dependiente del presupuesto público—, riesgos identificados y acotados, certidumbre jurídica, una rentabilidad atractiva, así como una adecuada gestión ambiental, social y de derecho de vía, además de una evaluación técnica, financiera y legal rigurosa.
Acerca del Colegio de Ingenieros Civiles de México
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Fuente:
- Boletín cortesía de CICM
